La Policía Nacional ha detenido a una persona en El Puerto de Santa María por su presunta implicación en un delito contra los derechos de los trabajadores durante una actuación contra el intrusismo profesional en el sector de la seguridad privada.

La investigación permitió comprobar que varias personas realizaban funciones propias de vigilantes de seguridad sin disponer de la habilitación profesional exigida, mientras que la empresa responsable de los servicios carecía de la autorización administrativa necesaria para desarrollar actividades de seguridad privada.

Vigilantes de seguridad que en realidad no lo eran

La investigación se inició a raíz de diversas informaciones que apuntaban a la posible realización de funciones de vigilancia por personas no habilitadas conforme a la normativa vigente.

Durante las inspecciones realizadas, los agentes de la Unidad Local de Seguridad Privada observaron a varias personas efectuando rondas perimetrales y labores de vigilancia sobre recintos, maquinaria, materiales de construcción e instalaciones, con el objetivo de prevenir posibles sustracciones.

Las gestiones policiales permitieron recabar declaraciones y documentación relacionada con los servicios prestados. A partir de estas comprobaciones, los agentes determinaron además que la empresa responsable carecía de la autorización administrativa necesaria para desarrollar actividades de seguridad privada.

En el marco de la investigación, una persona fue detenida por su presunta implicación en un delito contra los derechos de los trabajadores. La Policía Nacional ha instruido las correspondientes diligencias policiales.

Qué le puede pasar a la empresa y a quien la contrata

La actuación no se limita al ámbito penal. La Policía Nacional ha formulado también propuestas de sanción administrativa por presuntas infracciones muy graves de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

Las infracciones detectadas estarían relacionadas con la prestación de servicios de seguridad sin disponer de la autorización administrativa exigida y con el ejercicio de funciones reservadas al personal de seguridad privada por parte de personas que carecían de la correspondiente habilitación profesional.

Los agentes han planteado igualmente la posible responsabilidad administrativa derivada de la contratación de estos servicios, por lo que las consecuencias del operativo podrían alcanzar también a quien hubiera contratado una actividad de seguridad privada al margen de los requisitos establecidos legalmente.

La importancia de contratar servicios de seguridad autorizados

La Policía Nacional recuerda que las funciones de vigilancia y protección de bienes, establecimientos e instalaciones están sometidas a una regulación específica y deben ser realizadas por personal debidamente habilitado e integrado en empresas de seguridad autorizadas.

Estas compañías deben contar con la correspondiente autorización del Ministerio del Interior y estar inscritas en el Registro Nacional de Seguridad Privada (RNSP).

El intrusismo profesional en este ámbito puede afectar a las garantías de formación, profesionalidad y control exigibles en este tipo de servicios y generar, además, situaciones de posible vulnerabilidad laboral.

Con este tipo de actuaciones, la Policía Nacional mantiene sus controles frente al intrusismo en la seguridad privada, tanto para proteger a trabajadores y usuarios como para garantizar que las empresas que desarrollan estas actividades lo hagan dentro del marco legal.

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