Durante más de dos años, Jesús Garay ha cargado con su nombre ligado a Puerto III. Ahora, la Audiencia Provincial de Cádiz acuerda el sobreseimiento respecto al concejal al no apreciar indicios para mantener abierta contra él la investigación por esos hechos.
Lo que toca ahora es volver a aquellas declaraciones que durante meses presentaron la situación de Garay como algo mucho más grave de lo que finalmente aprecia la Audiencia en Puerto III. Hubo dudas sembradas públicamente, peticiones de dimisión y una utilización política constante de su condición de investigado. Hoy muchas de aquellas palabras pesan de otra manera.
Garay defendió desde el principio que se había limitado a interesarse por la situación de un interno a petición de un familiar, sin solicitar privilegios ni pretender influir para que recibiera un trato favorable, versión que fue recogida por la propia prensa provincial cuando su nombre apareció vinculado a Puerto III.
El PSOE de El Puerto, a través de Ángel González, fue bastante más allá de pedir explicaciones. En julio de 2024 sostuvo que las aclaraciones del Gobierno habían sembrado “más dudas” sobre la participación de Garay en una presunta cadena de favores y habló de actuaciones “cuando menos, sospechosas”. Fiscalizar era su obligación, pero aquellas palabras forman parte de la hemeroteca y hoy pueden confrontarse con el desenlace provisional de esta parte del procedimiento.
Vox, con Mauricio Mauri como altavoz, utilizó igualmente Puerto III como argumento político contra Garay. En diciembre de 2024 incluyó expresamente su vinculación con esta investigación entre las razones para exigir su dimisión inmediata, hablando además de una “grave crisis de confianza” y una “mancha intolerable”. Aquella nota mezclaba Puerto III con otro procedimiento distinto, por lo que conviene no hacer ahora la misma operación. Pero Puerto III estuvo expresamente entre sus argumentos.
Izquierda Unida también forma parte de esta hemeroteca. José Luis Bueno defendió en pleno que “no somos nosotros sino los jueces los que le están investigando” y que su formación “solo pedimos explicaciones a un cargo público”. Bien. Pues ahora, en Puerto III, los jueces han hablado y Garay queda fuera provisionalmente de la causa.
La hemeroteca también cuenta
Desde Unión Portuense (100x100), Javier Botella, cómo no, aparece también en esa hemeroteca de retratados, aunque en relación con otros frentes judiciales de Garay. Llegó a cuestionar públicamente la contratación municipal de un abogado vinculado a la defensa del concejal y consideró “inadmisible” la mera sospecha de que dinero público pudiera sufragar esa defensa. Este archivo de Puerto III no resuelve ni desmiente esos otros asuntos; precisamente por eso conviene separar causas. Pero sí recuerda algo elemental: entre estar investigado y ser culpable existe una distancia que el debate político no siempre respeta.
Y una pincelada merece también Diario de Cádiz. Su amplia cobertura de Puerto III y de la denominada “cadena de favores” contribuyó, a nuestro juicio, a alimentar alrededor de Garay una suerte de juicio paralelo. No es ningún secreto que su línea editorial es habitualmente muy beligerante con el Gobierno de Germán Beardo, especialmente receptiva a las denuncias de la oposición y, en nuestra opinión, muy vinculada a intereses económicos del propio Grupo Joly. En demasiadas ocasiones ha terminado ejerciendo como altavoz interesado de la izquierda portuense.
Porque una investigación no es una condena. La condición de investigado permite exigir explicaciones, fiscalizar y publicar información de interés público. Lo que no debería permitir es adelantar una culpabilidad que corresponde determinar a los tribunales.
Durante dos años fue fácil colocar bajo los focos al “investigado Garay”. Ahora corresponde contar también la otra parte. Puerto III ya no puede utilizarse contra él como si nada hubiera ocurrido en sede judicial.
La hemeroteca conserva las sospechas. Y también cómo acabaron retratados, una vez más, los de siempre.
