El sobreseimiento acordado por la Audiencia Provincial de Cádiz en el caso Puerto III ha provocado una contundente reacción del Gobierno municipal, que reclama ahora disculpas públicas a quienes, a su juicio, convirtieron la investigación abierta sobre Jesús Garay en una condena política y mediática anticipada.
El Ejecutivo local señala expresamente a Unión Portuense (100x100), Vox, IU, PSOE y Diario de Cádiz, a quienes exige que rectifiquen públicamente después de conocerse la resolución de la Sección Cuarta de la Audiencia. “Quienes han sido tan contundentes para acusar deben serlo también para rectificar y pedir perdón públicamente”, sostiene el Gobierno.
La resolución, fechada el pasado 15 de octubre y ya avanzada por El Puerto Actualidad, acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a Garay. El tribunal concluye que el mensaje de voz enviado al administrador de Puerto III para interesarse por la situación de un interno no contiene presión ni insinuación para conseguir un trato de favor.
A partir de esa decisión judicial, el Gobierno municipal reivindica la honradez de sus integrantes y denuncia una dinámica de señalamientos políticos y personales que considera prolongada durante los últimos siete años y que habría afectado también a Germán Beardo, David Calleja y Javier Bello.
Garay pone especialmente el acento en el daño personal y familiar provocado durante estos años. “En política se puede discrepar, fiscalizar y exigir explicaciones. Lo que no se puede hacer es utilizar una investigación judicial para destrozar la reputación y el honor de una persona”, afirma.
El teniente de alcalde sostiene que las consecuencias no han recaído únicamente sobre él. “Ese daño no lo sufre solamente quien ocupa un cargo público: lo sufren también su pareja, sus hijos, sus padres y toda su familia”, señala.
Desde el Gobierno municipal consideran que el archivo desmonta las sospechas proyectadas sobre la actuación concreta investigada en Puerto III y censuran que determinadas críticas políticas presentaran durante meses la investigación como si existiera ya una responsabilidad acreditada.
“Llevamos siete años aguantando ataques, denuncias y acusaciones”, afirma Garay, quien reclama a sus adversarios políticos que tengan “la misma valentía para rectificar que la que han tenido para acusar”. El edil insiste en diferenciar entre la fiscalización legítima y lo que considera un señalamiento personal.
El mensaje final del Gobierno municipal resume el tono de su reacción tras conocerse el archivo: “Que pidan perdón y nos dejen trabajar”. Garay asegura que continuará centrado en sus responsabilidades municipales y agradece especialmente el respaldo recibido de su familia, del alcalde y de sus compañeros de Gobierno.
