La Navidad, época de paz, armonía y familia se ha empañado de tristeza, desánimo e incertidumbre para Sandra, funcionaria de prisiones que desde el Centro Penitenciario de Puerto 1 comunicaron el pasado 19 de diciembre que su vivienda ha sido asignada a otro funcionario dejándole en la calle con un hijo menor a su cargo.
Tal como ocurriera hace unos meses en un anterior procedimiento de Concurso de viviendas residenciales, la forma de actuación del Administrador del Centro, José Domínguez, y de la Directora, Esther Virginia Serrano, en el procedimiento de concesión deja muchas lagunas ya que -según denuncias un grupo de afectados- "no sacan a concurso todas las viviendas disponibles y sí la de personal en activo".
Como manifiesta Sandra con la incertidumbre de qué le deparará el futuro, “me han engañado, como a muchos otros compañeros, ya que cuando yo opté a una vivienda me dieron a elegir de entre varias disponibles omitiendo otras que ya estaban ocupadas por otras familias y que renovaban. Ahora esa condición la han obviado para los nuevos solicitantes alegando que eso es prevaricar, confesando entonces que lo han estado haciendo durante muchos años y no les ha pasado nada”.
Otro de los supuestos engaños que menciona esta trabajadora afectada es que “teniendo la obligación de arreglarnos las casas y acceder a ellas habitables, el Administrador nos comunicó que no había dinero y que las arregláramos nosotros ya que mientras que no tuviéramos una propiedad en la provincia podríamos seguir viviendo aquí. Cuatro años después y, tras gastarme más de 10.000€, me veo que asignan el pabellón a otro compañero y yo me veo en la calle”.
Viviendas sin ocupar.
Sobre su futuro, Sandra tiene claro que va a luchar “la Administración me ha metido en este problema y ellos tienen la solución. He puesto el caso en manos de la Justicia y será un Juez el que determine que me tenga que ir de mi casa. No han ofrecido todos los pabellones que hay disponibles, son conscientes y permiten que vivan dentro del Complejo Penitenciario personas que no trabajan, funcionarios que tienen residencias en la provincia y utilizan los pabellones de veraneo, y a mí me quieren echar escudándose en una orden transitoria que en once años no han desarrollado en Ley o Decreto”.
Informándonos en otras provincias con residencias penitenciarias, es curioso que sólo sea en El Puerto de Santa María donde se exige el cumplimiento de esta Orden Ministerial ya que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias es conocedora de la situación y mira hacia otro lado.
Por último, Sandra junto a un grupo de vecinos que se encuentran en la misma situación y podrían ser los próximos en verse en la situación de su compañera y vecina manifiestan que “no entendemos el por qué desde Puerto 1, en concreto Pepe Domínguez, están tan obsesionados en que sólo seamos veinte familias los que pongamos en juego nuestro Pabellón mientras que permiten y miran hacia otro lado en las sesenta restantes ocupadas donde la mayoría no cumplen con los requisitos que nosotros sí cumplimos”.
