El próximo Pleno municipal debatirá una moción orientada a modernizar la gestión de las ayudas al alquiler en El Puerto de Santa María, una iniciativa presentada por Unión Portuense ante el notable incremento de familias que dependen de este apoyo para conservar su vivienda habitual. El grupo sostiene que el sistema vigente —en el que el beneficiario recibe la ayuda y debe justificar mensualmente su destino— se ha vuelto lento, complejo y generador de numerosas incidencias administrativas.
El encarecimiento del alquiler en los últimos años ha afectado de manera especial a personas mayores, jóvenes, familias monoparentales y unidades familiares en situación de vulnerabilidad, que requieren procedimientos más eficaces y seguros. Según la formación proponente, el modelo actual provoca retrasos en los pagos, sobrecarga de trámites y dificultades añadidas para quienes más apoyo necesitan.
El portavoz de Unión Portuense, Francisco Belaustegui, subraya que “los sistemas actuales generan demoras, trámites innecesarios y problemas administrativos que recaen justamente sobre quienes más apoyo necesitan”, defendiendo la necesidad de adaptar la gestión a la realidad social y mejorar la eficiencia del gasto público.
La moción destaca que diversos municipios andaluces ya aplican el pago directo al arrendador, siempre con autorización expresa del inquilino y conforme a las garantías previstas en la Ley General de Subvenciones. Este sistema permite agilizar expedientes, asegurar el destino correcto de los fondos, aportar certezas a los propietarios, evitar desahucios y reducir la carga administrativa tanto para las familias como para los Servicios Sociales.
Según Belaustegui, “cuando la ayuda llega directamente al propietario se eliminan dudas, se reduce la burocracia y se protege la vivienda de los beneficiarios. Es un modelo más humano y más eficiente”.
La iniciativa plantea que el Ayuntamiento adopte de forma prioritaria esta modalidad de pago directo, siempre con autorización del inquilino y conforme a las bases reguladoras de cada convocatoria. Asimismo, propone modificar dichas bases para establecer un sistema automatizado de pagos periódicos, condicionado a la vigencia del contrato de arrendamiento y al empadronamiento en la vivienda.
La moción solicita además que los Servicios Sociales municipales elaboren un protocolo de seguimiento y control, que verifique periódicamente que la persona beneficiaria continúa residiendo en el inmueble, active la suspensión automática de la ayuda cuando el contrato finalice o se modifique, y cree un canal de comunicación fluido con los propietarios para evitar incidencias y agilizar gestiones.
Belaustegui concluye que el objetivo es “garantizar que las ayudas lleguen de manera rápida, segura y transparente, reduciendo dificultades para las familias y aumentando la eficacia de los recursos públicos”.
