Las acusaciones vertidas por el concejal de Unión Portuense, Javier Botella, sobre una supuesta falta de material sanitario en la actuación del pasado domingo ante una parada cardíaca en la playa de El Buzo, en El Puerto de Santa María, han sido rotundamente desmentidas por el paramédico coordinador del dispositivo de emergencias en las playas portuenses, Hugo García Rincón.
En un vídeo difundido en redes, Botella asegura que, según el testimonio de una enfermera presente, no había ni tensiómetro en el botiquín del puesto de socorro, insinuando que la vida del afectado se salvó de milagro gracias a la actuación de un policía nacional fuera de servicio.
Sin embargo, Hugo García ha salido al paso con contundencia, aportando fotografías del material disponible y tildando las afirmaciones del concejal de "falsas". En las imágenes se observan equipos completos, incluyendo un desfibrilador semiautomático (DESA), botella de oxígeno con regulador, férulas, camilla de inmovilización, vendajes, suero, guantes, tijeras, gasas, y otros recursos básicos de asistencia urgente.

Supervisando el material.
Pero además, el coordinador añade un dato clave que cuestiona la credibilidad del relato de Botella: cuando llegó la enfermera a la que él cita, ya estaban en el lugar una UVI móvil y una unidad DECU del 061. Ambas llegaron juntas tras la llamada al 061, y sus equipos incluyen monitores avanzados de asistencia vital, por lo que se utilizaron esos dispositivos en lugar del DESA del puesto.
“No es que no hubiera material, es que había por duplicado. Y más avanzado”, afirma Hugo García, que considera que la denuncia de Botella genera alarma sin fundamento y desprestigia el trabajo de los profesionales sanitarios.

Las bolsas con el material completo.
Desde la empresa responsable del servicio insisten en que todos los puestos de socorro cuentan con todo lo exigido por normativa, revisado a diario y preparado para responder con eficacia ante cualquier emergencia. Hasta el momento, el concejal no ha rectificado ni aportado pruebas que respalden su denuncia pública.
El episodio ha generado malestar entre profesionales del dispositivo sanitario, que defienden su actuación y exigen responsabilidad a quienes, desde un cargo público, difunden informaciones sin contrastar que pueden dañar la confianza de la ciudadanía en los servicios de emergencia.