En el pleno del miércoles se aprobó de forma inicial la Ordenanza de Convivencia, derogada en 2018. En palabras de Matilde Roselló, concejala de IU en el Ayuntamiento, “el Partido Popular y Ciudadanos vuelven a dar pasos atrás en la ciudad, ya que han traído de nuevo una ordenanza de carácter sancionador y de la vuelve a desprenderse la intención perseguir y ocultar mediante la sanción aquellas realidades sociales que no le gustan”.
Ya en febrero de 2021, cuando se abrió el período de alegaciones a esta nueva ordenanza, desde la formación elevaron una enmienda a la totalidad alegando que ‘la mayoría de las conductas que se regulan en el borrador de esta ordenanza ya están recogidas en otras normativas superiores vigentes, así como en el Código Penal y contenidas en ordenanzas municipales aprobadas, tal y como se exponía en los informes técnicos recabados para su derogación en 2018.’ A día de hoy siguen manteniéndose firmes en su postura, al igual que hicieran en 2012 cuando el Partido Popular aprobó la ordenanza de convivencia por primera vez.
Roselló aclara que “el voto en contra no parte de la negación de los problemas que puedan producirse en la ciudad ni de la falta de voluntad para resolverlos, sencillamente creemos desde nuestra formación que deben ser abordados de otra manera” y añade “estamos convencidos de que una aplicación más efectiva de las ordenanzas actuales, así como abrir mecanismos de diálogo con las vecinas y vecinos afectados por problemas de convivencia para conciliar los distintos usos del espacio público, junto con un refuerzo de la presencia policial, permitirían dar respuesta a buena parte de las inquietudes vecinales en materia de seguridad”.
Por otra parte, la edil apunta que otro factor que les ha llevado a no apoyar esta ordenanza del gobierno es una vez más la falta de participación “parece que el concejal de Participación Ciudadana, Javier Bello, tiene alergia a convocar un espacio en el que entre vecinas y vecinos, agentes sociales y partidos con representación en el Ayuntamiento debatamos y lleguemos a un consenso de qué es lo mejor y más beneficioso para la ciudad”.
Para finalizar desde Izquierda Unida denuncian que esta ordenanza “no servirá para afrontar los problemas sociales que existen en nuestra ciudad” ya que “estos problemas deben afrontarse con políticas sociales, con participación y concienciación no con políticas recaudatorias y sancionadoras”.
