El Ayuntamiento de El Puerto podría iniciar próximamente la modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa de Residuos Urbanos, a raíz de una moción registrada por Izquierda Unida que persigue un modelo más justo, actualizado y alineado con la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados. La normativa estatal obliga a que los municipios cubran el 100% del coste del servicio mediante la tasa e incorpora el principio de “pago por generación” como eje fundamental del sistema.
La propuesta plantea corregir la estructura actual, basada en criterios antiguos que no diferencian entre viviendas ocupadas por una sola persona y hogares con varios habitantes, generando un desequilibrio evidente. Según IU, el actual modelo hace que quienes producen menos residuos paguen prácticamente lo mismo que quienes ejercen una mayor presión sobre el servicio.
La moción sugiere avanzar hacia un sistema con cuotas ajustadas al número de personas empadronadas en cada domicilio, un criterio considerado objetivo, verificable y más equitativo. En municipios donde ya se han actualizado las tasas, esta fórmula ha permitido vincular mejor la generación de residuos con el coste real del servicio.
Además, la formación propone que la nueva tasa incorpore mecanismos para reflejar la generación real de residuos, aplicando el principio de “quien contamina, paga” y modernizando así un modelo que, en su opinión, “penaliza a quienes menos producen y premia la inercia”. El objetivo es lograr un sistema más eficiente y fiscalmente justo.
La moción también incluye bonificaciones específicas para personas en riesgo de exclusión social y para quienes practiquen una separación adecuada en origen, fomentando así comportamientos ambientales responsables. IU sostiene que la ley permite desarrollar tasas “más inteligentes”, que premien a los hogares con mejores prácticas y garanticen protección social.
Otro de los puntos críticos señalados es el retraso en la implantación de la recogida selectiva de biorresiduos, obligatoria desde el 31 de diciembre de 2023. La propuesta exige su puesta en marcha inmediata y que vaya acompañada de incentivos que impulsen la correcta separación de estos residuos, considerada clave para mejorar el sistema global de reciclaje.
Finalmente, IU plantea abrir un periodo de información y participación ciudadana, así como la realización de evaluaciones cada dos años para analizar el coste del servicio, el funcionamiento del nuevo sistema progresivo y su impacto social. La intención es que la ciudadanía pueda participar y que la ordenanza se revise periódicamente para mantenerla ajustada a la realidad.
