Izquierda Unida El Puerto ha presentado esta mañana ante la Fiscalía un escrito en el que recoge las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas en la parcela municipal situada en la calle Francisco Cossi Ochoa, junto al histórico Molino de Mareas. En dicho espacio, calificado como zona verde de especial protección del litoral y propiedad del Ayuntamiento, se habría levantado una nave industrial de nueva planta sin licencia de obras, sin procedimiento administrativo reglado ni autorización para ocupar un bien público.
Desde IU recuerdan que llevan meses reclamando información y pidiendo expedientes, alertando de lo que presuntamente estaba ocurriendo en esta parcela pública. “Nos hemos dirigido a todas las áreas con responsabilidad en la materia —Medio Ambiente, Urbanismo, Patrimonio e incluso al propio alcalde— y lo único que hemos encontrado ha sido silencio, excusas y que cada concejalía se tirase piedras sobre su propio tejado para no asumir responsabilidades”, han señalado.
La formación asegura que esta falta de respuesta, unida a los hechos constatados, les ha obligado a llevar el asunto a la Fiscalía. IU considera que ahora corresponde a la justicia esclarecer si se trata de presuntos delitos urbanísticos, de usurpación de bien público o de prevaricación administrativa.
Además, IU alerta de que, en lugar de velar por el cumplimiento del PGOU, que establece claramente el carácter protegido de la zona y su destino exclusivo como espacio libre, el gobierno local habría permitido que una entidad privada construya con fines presuntamente lucrativos sobre un suelo que debería permanecer como zona verde. Para la coalición, este proceder muestra una actitud de “presunta connivencia y dejación de funciones” por parte de quienes deberían defender el interés general.
Según la denuncia, este caso reflejaría la forma de gobernar del equipo municipal, “protegiendo el interés de unos pocos a costa del patrimonio de toda la ciudadanía, intentando disfrazar las presuntas irregularidades con informes extemporáneos y utilizando dinero público de la Diputación para justificar lo injustificable”.
Finalmente, IU insiste en que seguirá trabajando para que se respete la legalidad y se devuelva a la ciudadanía lo que es suyo. “Nuestro compromiso es claro: no vamos a permitir que el patrimonio público sea tratado como un cortijo privado. Hemos hecho nuestro trabajo con responsabilidad, y gracias a esa labor hoy este caso está en manos de la Fiscalía”, subrayan.
