Jueces y fiscales de la provincia de Cádiz protagonizaron este miércoles un paro simbólico de diez minutos frente a las sedes judiciales, en el marco de una protesta nacional convocada por varias asociaciones del sector. La movilización en El Puerto, que también ha tenido eco en la capital gaditana, ha servido para visibilizar el rechazo a dos reformas legislativas impulsadas por el Ejecutivo central.
Frente a los juzgados de Cádiz se ha leído un manifiesto unitario en el que se expresa una profunda preocupación por la posible pérdida de autonomía del Poder Judicial, advirtiendo que los cambios propuestos no solo alteran los sistemas de acceso a la carrera judicial y fiscal, sino que también refuerzan el control del Gobierno sobre la Fiscalía.
Entre los asistentes se encontraban miembros de distintos órganos judiciales de la provincia, que han querido dejar clara su postura ante lo que califican como una amenaza a la separación de poderes. “No es una cuestión corporativa, sino una defensa del sistema democrático”, señalaron durante el acto.
El texto leído destaca que las reformas «se están tramitando con celeridad y sin consenso, sin responder a una necesidad real». Uno de los puntos más críticos es la propuesta de crear un centro estatal de formación dependiente del Gobierno, lo que a juicio de los convocantes podría abrir la puerta a una selección ideológica de jueces y fiscales.
La protesta ha sido promovida por asociaciones como la Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que agrupan a buena parte del colectivo judicial conservador e independiente. En cambio, las asociaciones de corte progresista han optado por desmarcarse de esta convocatoria.
En cuanto a la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, los manifestantes denuncian que incrementar el poder del fiscal general del Estado —designado por el Gobierno— sin controles adecuados, debilitaría la imparcialidad en investigaciones clave, como las que afectan a casos de corrupción política.
Desde el Gobierno, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha tratado de restar importancia a la protesta, asegurando que las críticas «carecen de fundamento» y defendiendo que las reformas «buscan modernizar el sistema y hacerlo más eficiente».
No obstante, las asociaciones no descartan nuevas movilizaciones si el Ejecutivo mantiene su hoja de ruta. Una posible huelga está sobre la mesa, según han confirmado algunos portavoces. “No estamos dispuestos a aceptar reformas que minan la confianza en una justicia imparcial”, concluyen en el manifiesto.
