El Consejo de Administración de Impulsa El Puerto ha acordado este miércoles, como ya avanzó este medio, la contratación del bufete Cosano para defender a la empresa municipal y al Ayuntamiento portuense de la demanda por 16.6 millones por las presuntas irregularidades cometidas que llevaron al bloqueo definitivo del proyecto de los parkings subterráneos de Pozos Dulces y Plaza de Toros.

Igualmente, se ha decidido solicitar que la causa se traslade a los juzgados de El Puerto de Santa María, al estar actualmente la demanda interpuesta en los juzgados de primera instancia de Madrid.


La extensa demanda recoge cronológicamente los hechos desde el mandato de Enrique Moresco (PP) en 2008 como precursor del proyecto, los retrasos de Alfonso Candón (PP) en 2014-2015, el presunto “boicot” de David de la Encina (PSOE) y el tripartito al proyecto como presunto artífice de la destrucción final del proyecto (tanto en la oposición como en el gobierno entre 2015 y 2019), y la incautación del aval en 2022 por parte del actual alcalde Germán Beardo (PP) -una vez caducó la licencia de obras- para restituir Pozos Dulces tras no encontrarse ninguna otra solución viable ni inversor interesado.

En concreto, la demanda interpuesta el pasado 2 de noviembre apunta directamente a la campaña política en 2015 de PSOE, Levantemos El Puerto e Izquierda Unida, así como a la posterior gestión del gobierno del tripartito, por su “incumplimiento rebelde” y “verdadero, total, absoluto, definitivo, grave, esencial, culpable, deliberado, pertinaz, continuado, duradero, inequívoco e injustificado”, durante el mandato de David de la Encina como alcalde, y con el actual candidato de Unión Portuense, Javier Botella, como socio de gobierno con Levantemos El Puerto en aquel entonces. [De la Encina, el "No a los Parkings" y el nuevo "mantra" del PSOE con Pozos Dulces]



La demanda judicial consta de casi 90 páginas y 83 documentos anexos que fundamentan pormenorizadamente todos los presuntos incumplimientos legales durante el mandato de David de la Encina que motivaron la paralización de los expedientes municipales en procesos administrativos y la supuesta falta de gestión de los órganos de gobierno de empresas públicas, por motivos aparentemente únicamente políticos.

La demanda apunta a De la Encina

A pesar de las excusa dadas por David de la Encina, asegurando no tener responsabilidad alguna "porque los parkings deberían de haberse inaugurado antes de mayo de 2015", los demandantes apuntan claramente a que si bien hubo retraso en la concesión de la licencia inicial de las obras por parte de Alfonso Candón, como argumenta David de la Encina, dicho retraso no provocó ningún perjuicio económico para el proyecto de los parkings, siendo simples prórrogas las que se aplicaron conforme a la ley.

Por ello, los demandantes -de forma clara y detallada- se centran en el mandato de David de la Encina, considerando que el verdadero perjuicio económico no fue causado por el retraso inicial en la concesión de la licencia por parte del PP, sino por las posteriores actuaciones del tripartito de David de la Encina al llegar al poder en 2015 y tratar presuntamente de boicotear el proyecto. Todo ello, tal y como prometieron en campaña electoral, y llevaba recogido el tripartito específicamente en su "Pacto y programa de gobierno progresista y social", firmado el 12 de junio de 2015 por PSOE-IU-Levantemos y que sirvió para catapultar al socialista a la Alcaldía aun sin haber sido la lista más votada en las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015, que fue la del PP.

En concreto, en el punto 7 del pacto tripartito, con la finalidad de acabar con el proyecto de los parkings, David de la Encina se comprometía literalmente a estudiar cómo destinar ese dinero de los parkings a "actuaciones productivas de índole social", a pesar de ser un dinero finalista que no podía ser utilizado para otra cosa distinta que los parkings, como siempre defendió el PP y posteriormente se demostró.

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