Cuatro de los ex trabajadores de la grúa municipal, que fueron despedidos tras quedarse sin servicio de grúa la ciudad por abandonarlo la empresa Autotalleres Diego alegando impagos del Ayuntamiento, denuncian que llevarán a los tribunales la situación por considerar nulos sus despidos y ver una presunta "trama" y "enchufismo" en el proceso de la nueva contratación provisional del servicio.
Hay que recordar que tras quedarse la ciudad sin grúa el Ayuntamiento llevó a cabo un contrato menor para cubrir la marcha de la empresa mientras se culmina la licitación del nuevo contrato para los próximos cuatro años.
Este contrato provisional se adjudicó a la empresa SSGA por 31 días y por un importe de 18.149,99 euros. Además, el contrato al ser menor habría sido supervisado por un agente de la Policía Local, encargado de la Logística. Hecho este, que tendría interés para los ex trabajadores en la presunta trama de enchufismo.
Según explican a este periódico los trabajadores afectados -a los que además se les debe tres meses de nóminas-, tras entrar esta nueva empresa provisional a cubrir el servicio solo se pudo reincorporar uno de los cinco trabajadores habituales -hijo de un policía local- que cubrían el servicio desde hacía varios años con la anterior empresa. No habiéndose subrogado así los puestos de trabajado y viéndose ahora el resto de la plantilla en el paro.
En esta situación, los trabajadores denuncian otra serie de presuntas irregularidades tales como la supuesta falta de seguro obligatorio para la grúa municipal, teniendo que haber quedado inmovilizado el vehículo hasta que fue solucionado, al parecer por un cambio en el titular tras la baja de la anterior empresa, pero habiendo estado la grúa en funcionamiento varios días sin seguro, según los trabajadores.
Además, los trabajadores muestran su extrañeza porque la nueva empresa SSGA, que se ha hecho cargo del servicio, es una empresa dedicada al sector de las ambulancias, y que presuntamente estaría a nombre del mismo propietario de la anterior empresa, Autotalleres Diego. Por lo que los trabajadores no ven claro el procedimiento al ver una relación entre ambas empresas, afincadas ambas en Sevilla.
Pero la acusación más grave, según los trabajadores afectados, es que se habría producido un presunto trato de favor para colocar a dos hijos de policías locales en los puestos de trabajo con la nueva empresa. Por ello los ex trabajadores hablan de una posible “trama” y “enchufismo”, habiendo puesto el asunto en manos de su abogado y llevado ya al juzgado.
Finalmente, los trabajadores han ido ya a la conciliación con la empresa -paso previo obligado antes de ir a juicio-, sin que haya habido acuerdo, y están a la espera ahora de que el proceso judicial avance.
Por su parte, desde la oposición el PSOE llevará este asunto hoy al pleno ordinario (en el punto 14 del orden del día) que se celebrará a partir de las 18:00 horas, mientras que IU ya ha pedido la dimisión de la concejala de Seguridad, Marina Peris.
