El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha dado un golpe sobre la mesa. Desde esta semana, las conductas incívicas en la vía pública pueden costar hasta 750 euros, y la nueva ordenanza ya está generando conversación en los bares de la Plaza Isaac Peral y en los grupos de WhatsApp del barrio. No es un caso aislado. Barcelona lo hizo antes, Zaragoza también, y la lista de ciudades que han decidido que las normas de convivencia necesitan dientes de verdad sigue creciendo.

La pregunta que casi nadie se hace en voz alta es por qué, exactamente, una ciudad llega a este punto. ¿Por qué una ordenanza, por qué una multa, por qué ahora? La respuesta tiene menos que ver con la recaudación municipal de lo que parece y más con algo mucho más simple: alguien tiene que decidir qué reglas protegen a la mayoría cuando una minoría decide que las normas son opcionales.

Lo que dice la nueva ordenanza (y por qué ha tardado tanto)

La norma portuense llega después de meses de quejas vecinales por botellones, ruido nocturno y abandono de residuos en zonas como el Parque Calderón o el entorno de la playa de La Puntilla. El Consistorio ha optado por un modelo escalonado: sanciones leves desde 100 euros, graves hasta 750, y la posibilidad de llegar más alto en casos de reincidencia.

No es una ocurrencia local. Un análisis reciente de Público señala que decenas de ayuntamientos gobernados por distintos signos políticos están endureciendo sus ordenanzas de civismo casi al mismo tiempo, como si hubiera un consenso tácito de que la permisividad de la última década ya no funciona. Barcelona lanzó su propia campaña hace meses con el eslogan directo de "poca vergüenza", apuntando a quien orina en la calle o deja residuos sin recoger, y las cifras de sanciones en la Ciudad Condal no dejan margen de duda sobre hacia dónde sopla el viento.

En El Puerto, la medida llega además poco después de que se endurecieran las sanciones por abandono de residuos en la vía pública, una tendencia que lleva meses cocinándose en los plenos municipales. La playa tampoco se libra: las normas de uso de la costa portuense ya contemplan multas de hasta 900 euros por determinadas conductas, según recoge un reportaje especializado.

Normas, licencias y lo que pasa cuando alguien decide saltárselas

Aquí es donde conviene pararse un segundo. Una ordenanza municipal no es solo una lista de prohibiciones. Es, en esencia, un sistema de licencias de comportamiento: puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, y si te saltas la norma hay una consecuencia diseñada para proteger a quien sí la cumple. Este principio no es exclusivo del urbanismo o la convivencia vecinal. Se repite, con matices, en casi cualquier sector regulado, incluido el digital.

Pensemos en el mundo del entretenimiento online. Así como existen comercios que operan con todos los permisos municipales en regla y otros que deciden ahorrarse el trámite, en internet ocurre algo parecido con las plataformas de juego. Hay operadores que cumplen con la normativa española y otros que optan por saltársela por completo, funcionando desde jurisdicciones externas sin el control que exige nuestro país. De hecho, una búsqueda rápida basta para encontrar listados que recopilan los mejores casinos online sin licencia en España, plataformas que atraen a usuarios precisamente porque escapan a las restricciones que sí aplican a los operadores autorizados. El paralelismo con el incivismo urbano es más directo de lo que parece: en ambos casos, alguien decide que la norma no le obliga, y la diferencia entre acatarla o ignorarla rara vez es gratuita para el resto.

Volvamos a la calle, que es donde realmente vive este debate en El Puerto.

Quién paga realmente el incivismo

Aquí hay un dato que casi nunca se menciona en las notas de prensa municipales: cada contenedor roto, cada farola vandalizada, cada papelera que amanece volcada, sale del mismo presupuesto que debería ir a parques infantiles o al mantenimiento de Los Toruños. No es abstracto. Es dinero real que deja de destinarse a otra cosa.

La Asociación de Vecinos de varios barrios portuenses lleva tiempo pidiendo mano dura. No porque disfruten viendo multas, sino porque están cansados de limpiar lo que otros ensucian. Y ojo, esto no es exclusivo de El Puerto. Zaragoza presentó este año su propia "ordenanza de las ordenanzas", un documento que unifica y endurece decenas de normas dispersas bajo el mismo principio: menos ambigüedad, más consecuencias claras.

Hay quien dirá que 750 euros es demasiado para according a un botellón. Puede ser. Pero compárese con lo que cuesta reparar el mobiliario urbano dañado en una sola noche de fiesta sin control. La cuenta no sale igual.

Lo que viene después de la multa

El Ayuntamiento también ha anunciado que destinará parte de lo recaudado a campañas de concienciación en centros educativos, en línea con lo que ya se hace en otras ciudades españolas. No es una solución milagrosa. Las ordenanzas, por sí solas, nunca lo son. Pero sí marcan un punto de inflexión: la diferencia entre decir "esto no se puede hacer" y decirlo con una consecuencia real detrás.

Vecinos consultados por este periódico coinciden en algo curioso. No piden que se multe más, piden que se multe mejor. Que la norma se aplique con criterio, sin perseguir al que tira una colilla y mirar hacia otro lado con quien organiza botellones multitudinarios cada fin de semana.

El Puerto, entre el crecimiento y la convivencia

Resulta casi irónico que esta ordenanza llegue justo cuando la plataforma Tomorrow.City, vinculada al Smart City Expo, ha situado a El Puerto como ejemplo del auge de las ciudades intermedias en España. Una ciudad que crece, que atrae talento y visitantes, pero que también necesita demostrar que puede gestionar ese crecimiento sin perder el control de su espacio público.

No es casualidad que estas dos noticias coincidan en el tiempo. Una ciudad que aspira a crecer tiene que resolver primero cómo convive consigo misma. La reforma integral de la Ciudad Deportiva, otro proyecto en marcha estos días, apunta en la misma dirección: inversión, sí, pero sobre una base de orden que hasta ahora cojeaba.

El reto para el Consistorio no es solo cobrar las multas. Es que dentro de un año, cuando alguien pasee por la Plaza del Castillo o por el entorno de Los Toruños, note la diferencia. Si eso pasa, la ordenanza habrá cumplido su función. Si no, habrá sido solo otra norma más en el papel, de las que nadie respeta porque nadie las hace cumplir de verdad.

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