El juicio por las quejas de ruido en Misericordia queda pendiente de sentencia
Las comunidades demandantes denuncian problemas de ruido y accesibilidad mientras el procedimiento queda pendiente de sentencia
El Ayuntamiento acredita actuaciones previas y mantiene que la declaración como ZAS exige estudios y trámites específicos
Un sábado noche en la calle Misericordia, en El Puerto, días atrás. / P.P.M.
El procedimiento judicial abierto por las quejas de varias comunidades de propietarios de la calle Misericordia y su entorno ha quedado pendiente de sentencia después de celebrarse el pasado 14 de octubre la vista ante la jurisdicción contencioso-administrativa de Cádiz.
Los demandantes sostienen que durante años se han producido problemas relacionados con el ruido, la ocupación de la vía pública y la accesibilidad, y atribuyen al Ayuntamiento una respuesta insuficiente ante esta situación. Durante el juicio declararon distintos responsables y técnicos municipales.
La existencia de estos problemas fue analizada anteriormente por el Defensor del Pueblo Andaluz, que recomendó al Ayuntamiento estudiar medidas para reducir el impacto acústico y valorar, previo cumplimiento de los trámites legales, la posible declaración de la zona como acústicamente saturada.
El Ayuntamiento trasladó posteriormente al Defensor distintas actuaciones de control desarrolladas en Misericordia, entre ellas la apertura de expedientes sancionadores, un seguimiento policial de las incidencias y el inicio de los trabajos para elaborar una ordenanza reguladora de terrazas y veladores. El Defensor dio por finalizada su intervención en 2025 al considerar parcialmente aceptadas sus recomendaciones.
La eventual declaración de Misericordia como Zona Acústicamente Saturada (ZAS) requiere, conforme a la normativa andaluza, la realización de un estudio acústico que acredite que se alcanzan los niveles establecidos legalmente y la posterior tramitación del correspondiente plan zonal.
Será ahora el juzgado el que determine, a partir de las pruebas y declaraciones practicadas durante el procedimiento, si la actuación municipal vulneró los derechos fundamentales invocados por los demandantes.
