Ecologistas cuestiona que el Ayuntamiento dé por hecha la regularización de 2.000 viviendas
La organización advierte de que la propuesta depende todavía de la tramitación del PGOM y el POU
Sostiene que parte de las viviendas podrían quedar fuera y reclama que se aclaren las condiciones y los costes
Las ARGs a la espera.
Ecologistas en Acción-El Puerto cuestiona el anuncio municipal sobre la posible regularización de unas 2.000 viviendas y considera prematuro presentar la medida como prácticamente garantizada, al depender todavía de la aprobación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y del Plan de Ordenación Urbana (POU).
La organización recuerda que ambos instrumentos urbanísticos llevan varios años en elaboración y todavía deben superar distintos trámites administrativos, informes y pronunciamientos de otras administraciones antes de alcanzar su aprobación definitiva.
Por ello, considera que hablar ya de la regularización de miles de viviendas puede generar expectativas que todavía no pueden darse por aseguradas. También cuestiona el momento elegido para realizar el anuncio y reclama al Ayuntamiento que detalle qué parte de la propuesta puede garantizarse actualmente y cuál depende aún de la tramitación urbanística.
Ecologistas recuerda además que en las últimas décadas se han planteado diferentes fórmulas para abordar la situación de viviendas construidas al margen del planeamiento, con resultados que, según sostiene, no siempre cumplieron las expectativas inicialmente generadas.
En relación con la propuesta actual, la entidad afirma que la incorporación al planeamiento no alcanzaría de manera inmediata a todas las viviendas afectadas. Según su análisis, se plantea clasificar como suelo urbano seis Áreas de Regularización (ARG) en las que se localizarían alrededor de un millar de viviendas.
Para otras aproximadamente 1.000 viviendas, la posibilidad de regularización dependería, según Ecologistas, de que en el futuro el crecimiento urbano permita integrar esos terrenos dentro del suelo urbano.
La organización advierte por tanto de que parte de las edificaciones podrían quedar fuera de esta vía. En determinados casos señala como posible alternativa la figura del Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO), siempre que las edificaciones cumplan los requisitos legalmente exigibles.
Ecologistas también subraya que una eventual incorporación al planeamiento no supone que las viviendas queden automáticamente legalizadas ni exentas de obligaciones urbanísticas. Sus propietarios, sostiene, deberán cumplir las condiciones que correspondan y asumir los costes establecidos legalmente.
En este sentido, la entidad rechaza que esos gastos puedan trasladarse de forma injustificada al conjunto de la ciudadanía y defiende que cualquier solución debe respetar el principio de igualdad respecto a quienes construyeron cumpliendo las licencias, tasas y demás obligaciones urbanísticas.
La organización asegura que no se opone a buscar soluciones legales para las viviendas afectadas, pero reclama transparencia sobre cuáles podrán incorporarse realmente al planeamiento, qué requisitos deberán cumplir sus propietarios y qué costes tendrán que afrontar.
“El planeamiento se tramita con informes, procedimientos y garantías. No se aprueba a golpe de titular electoral”, concluye Ecologistas en Acción-El Puerto.
