Un caso judicial relacionado con blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico ha dejado una situación insólita en El Puerto de Santa María: un niño de tres años llegó a figurar como comprador de una vivienda tras una operación realizada por su propio padre para intentar ocultar el origen del dinero.
Según ha publicado La Voz del Sur, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena impuesta a J. M. S. P. por un delito de blanqueo de capitales, después de que tratara de dar apariencia legal a dinero procedente del tráfico de drogas.
La sentencia recoge que el acusado acudió en febrero de 2019 a una notaría de El Puerto junto a su esposa para formalizar una donación de 65.000 euros en metálico a favor de su hijo de tres años. Posteriormente, ese dinero se utilizó para comprar una vivienda por 57.000 euros, figurando el menor como comprador mientras el padre actuaba como su representante legal.
Una maniobra para ocultar el origen del dinero
Los tribunales consideran probado que la operación se realizó a sabiendas del origen ilícito del dinero y con la intención de darle apariencia legal. Según la resolución judicial, los ingresos declarados por el acusado no justificaban la cantidad utilizada en la donación y en la compra del inmueble.
La Audiencia Provincial de Cádiz condenó al acusado en noviembre de 2024 a cuatro años de prisión y una multa de 180.000 euros, además de declarar nulas las escrituras de donación y compraventa y ordenar el decomiso de la vivienda.
El TSJA ratifica la condena
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en una sentencia dictada en marzo de 2026, ha desestimado el recurso presentado por la defensa y ha confirmado íntegramente la condena.
Según recoge la resolución, el incremento patrimonial del acusado era desproporcionado respecto a los ingresos declarados, y la operación de donación en efectivo carecía de trazabilidad bancaria, lo que reforzó la conclusión de que se trataba de una maniobra de blanqueo de capitales.
El caso se enmarca en una investigación más amplia contra una red familiar dedicada al tráfico de cocaína en El Puerto, activa al menos desde 2018.
Contra la resolución del TSJA aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
