David Randell junto a una imagen de Linda Randell. / EA
EL PUERTO.- David Randell, presidente de ACADE-Andalucía (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada) y Titular y Director General de El Centro Inglés, en El Puerto de Santa María (Cádiz), señala que la posible aplicación del IVA a la enseñanza privada supondría “un encarecimiento insoportable” para muchas familias que han optado por este modelo, y recuerda que la educación es considerada en toda la Unión Europea un servicio público esencial, y por eso está exenta de pagar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
En nombre de los centros autónomos de enseñanza privada, Randell afirma que la pretensión de aplicar el IVA “vulnera el derecho de las familias a elegir la educación que prefieren para sus hijos con arreglo a sus convicciones, consagrado en el art. 27 de nuestra Constitución, y también afecta a la libertad de creación de centros. Se trata de derechos fundamentales contemplados en el Título Primero de la Carta Magna, por lo que están sometidos a especial protección”.
Randell recuerda que, de aplicarse el IVA a la enseñanza privada, “un número incalculable” de alumnos de estos centros se trasladarán a la enseñanza pública, “lo que obligará a una mayor inversión de la administración en esta materia, mucho mayor que lo que se vaya a recaudar con el impuesto, tal como ha señalado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Social (AIREF)”. Actualmente, la enseñanza privada ahorra al estado mucho más que la medida propuesta de ingreso por IVA.
También supondría, añade Randell, “un grave riesgo para la continuidad del sector de la formación privada, conformada mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, la pérdida de muchos puestos de trabajo e incluso el cierre de centros privados, lo que conllevaría un mayor desempleo”.
ACADE ha mostrado su determinación de luchar a través de todas las vías legales posibles para que no se lleve a cabo esta anunciada aplicación del 21% de IVA a los centros de enseñanza privada.
Varias asociaciones como CICAE, CECE, CECAP, UECE, ANCED y Escuelas Católicas, representantes de la educación privada, reglada y no reglada, ya se han pronunciado al respecto, y han argumentado la negatividad de la medida ante la inoportunidad de la propuesta.
