La venta ambulante en las playas de El Puerto de Santa María ha vuelto a encender el debate este verano. La Policía Local ha recordado recientemente que esta actividad está prohibida salvo autorización expresa, y ha advertido de que las sanciones pueden alcanzar hasta los 1.500 euros. En las últimas semanas se han requisado productos como napolitanas, helados o refrescos, ofrecidos sin licencia y sin control sanitario, directamente sobre la arena.
Las imágenes difundidas por los propios agentes y el refuerzo del dispositivo de vigilancia han generado reacciones polarizadas: para unos, es una labor honesta e incluso tradicional; para otros, una infracción que debe perseguirse.
Dulces incautados en la playa por la Policía Local de El Puerto estos días. / EA
Subsistencia o infracción: el rostro humano del conflicto
Para muchas familias, especialmente aquellas en situación precaria o sin papeles, esta actividad representa una forma de sobrevivir durante la temporada turística. Suelen ofrecer, sin licencia ni autorización alguna, productos básicos y asequibles, como dulces o bebidas frías, que el bañista agradece sin tener que moverse de su sombrilla. Hay quienes ven en ello una actividad digna, parte del paisaje humano y cultural de la playa, que debería regularse en lugar de ser criminalizada automáticamente.
Frente a esta visión, hay sectores —especialmente del comercio y la hostelería— que denuncian una competencia desleal frente a quienes sí cumplen con licencias, seguros e impuestos. También se señala el riesgo sanitario de vender alimentos sin refrigeración adecuada, la ocupación del espacio público sin control, y la generación de residuos.
El conflicto de cada verano. / Imagen generada con IA
En El Puerto, la ordenanza municipal prohíbe expresamente la venta ambulante en playas sin autorización, y contempla multas de hasta 1.500 euros. Esta sanción no depende del número de productos vendidos, sino del hecho de realizar la actividad sin licencia. Es decir, ofrecer una sola napolitana basta legalmente para que se considere infracción y pueda sancionarse, aunque en la práctica la cuantía final varía según el caso y los informes policiales.
El marco legal en España es municipal, no estatal: cada Ayuntamiento decide si permite, regula o persigue esta actividad. En El Puerto, la norma es clara, pero cada verano se repite la misma escena: vendedores ambulantes moviéndose por la arena, agentes patrullando, y ciudadanos opinando en redes… o a pie de toalla.
Los hosteleros, la otra cara de la moneda. / EA
El debate sigue abierto: ¿prohibir, permitir o regular mejor?
Entre quienes defienden la tolerancia social, quienes exigen cumplimiento normativo y quienes solo quieren disfrutar de su día de playa con una dulce napolitana o bebida fría, se vuelve a plantear la pregunta de siempre: ¿Debe erradicarse la venta ambulante en las playas, o abrirse paso a nuevas fórmulas de regularización?
La respuesta no es simple. Entre el vendedor que busca ingresos, el agente que hace cumplir la ley, el empresario que paga sus licencias y el bañista que solo quiere comodidad, cada postura encierra parte del problema… y también de la solución. Regular esta realidad, sin embargo, implica abrir la caja de Pandora, exponiendo tensiones sociales, intereses económicos y contradicciones políticas que llevan años enquistadas.
¿Prohibir, permitir o regular mejor? Quién tenga la respuesta perfecta, que la diga. / Imagen generada con IA
¿Y si en vez de prohibir se buscara una salida más clara, accesible y regulada?
En Cádiz capital, la venta ambulante en la playa está formalmente regulada por el Ayuntamiento a través de un sistema accesible de licencias temporales, que se convocan y conceden cada verano. Esta autorización permite ejercer la actividad de forma legal en zonas como la Playa de la Victoria o La Caleta, siempre bajo condiciones estrictas.
Los vendedores deben cumplir con una normativa específica: llevar un uniforme blanco identificativo, exhibir su carné municipal, actuar en modalidad itinerante (sin instalarse en un lugar fijo), y vender solo productos previamente autorizados por el Consistorio, como agua embotellada, refrescos, frutos secos sin cáscara o camarones cocidos.
Clásica escena en toda playa gaditana cuando llega el verano... / EA
El Ayuntamiento delimita con claridad los productos y zonas permitidas, y realiza inspecciones periódicas para asegurar el cumplimiento de la normativa. Aquellos que ejercen la actividad sin autorización se enfrentan a multas y decomisos.
Este sistema demuestra que es posible compatibilizar el control sanitario y fiscal con una convivencia ordenada en el espacio público durante la temporada estival.
Porque, al final, la venta ambulante en la playa no es un problema fácil, pero tampoco es irresoluble. Y puede que no se trate de elegir entre tolerarla sin control o erradicarla con sanciones. Tal vez se trate, simplemente, de atreverse a regular con sensatez lo que ya existe.
