El pasado lunes 16 de junio concluyó el plazo de presentación de ofertas para optar a alguno de los activos de la empresa municipal Impulsa El Puerto, actualmente en fase de liquidación tras un procedimiento judicial gestionado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz. La empresa Hermes Capital actúa como agente especializado para esta primera etapa de venta directa.
Durante las últimas semanas, los interesados han podido presentar propuestas económicas, que podían incluir condiciones específicas sobre impuestos, forma de pago o asunción de cargas. Como requisito, cada ofertante debía ingresar un depósito equivalente al 5% del valor de tasación del bien al que aspiraba.
Entre los activos incluidos destacan bienes de muy distinta naturaleza: desde la bodega Campbell, en la calle Valdés (actualmente ofrecida como solar), hasta las cuevas-cantera de la Sierra de San Cristóbal, los terrenos de la antigua Visteon, varias naves industriales, el edificio del Centro de Lanzamiento Económico (antigua sede de Impulsa), numerosas plazas de aparcamiento, suelos urbanos repartidos por distintos puntos de la ciudad, y otros bienes patrimoniales de valor diverso.
Las valoraciones oscilan entre unos 4.800 euros por cada plaza de aparcamiento y más de dos millones de euros en grandes parcelas urbanas. Sin embargo, ciertos inmuebles como el estadio José del Cuvillo o terrenos del polígono San José Bajo presentan condiciones especiales. En su caso, cualquier interesado debía contactar primero con la administración concursal antes de formalizar la oferta, debido a las particularidades jurídicas que presentan estas propiedades.
Según el auto judicial que regula el procedimiento, si un bien recibe una única oferta superior al 75% de su valor, se adjudicará directamente. En caso contrario, se convocará una subasta pública entre los interesados el próximo lunes 23 de junio.
Si tras esta primera fase aún quedaran activos sin adjudicar, comenzará una segunda fase de venta a través de una entidad especializada, con un plazo máximo de cuatro meses. Posteriormente, si persisten bienes por liquidar, se abriría una fase final de venta directa al mejor postor por parte de la administración concursal.
A diferencia de lo que denuncian algunos grupos de la oposición, que acusan al gobierno municipal de mantener silencio sobre este proceso, fuentes municipales consultadas por este medio aseguran que el equipo de gobierno está plenamente informado y ha trazado desde el principio una estrategia clara y discreta respecto a los bienes incluidos en la liquidación, actuando con responsabilidad y dentro de los cauces legales que marca el procedimiento judicial.
