Abogados portuenses pertenecientes al Partido Judicial de El Puerto, que suman unos 200 profesionales, han protagonizado este miércoles una protesta ante los juzgados portuenses, debido a la paralización de la justicia, ante las incesantes huelgas que vive el sistema judicial desde primeros de 2023, llevadas a cabo por jueces, secretarios judiciales y otros profesionales.
Marina Alcántara y Colón, diputada X de la junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Cádiz y representante de los partidos judiciales de El Puerto y Puerto Real (perteneciendo a este último unos 80 abogados), ha tomado la palabra para exigir, tanto al Gobierno central como a los partidos políticos, un pacto de Estado por la justicia, para solventar esta situación que se arrastra desde hace casi siete meses y está mermando los derechos de los ciudadanos.
Ciudadanos que, lamentan, son los principales afectados, puesto que “alguien que tiene señalado un juicio por una causa de hace tres o cuatro años ve cómo se le suspende y no se sabe cuándo se va a señalar de nuevo”, lo que supone una merma de los derechos de los mismos. Así, explica que, solo en El Puerto son cinco los juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, y prácticamente “los cinco están en huelga”, con el perjuicio que supone.
Los colegios de abogados concentrados ante los juzgados también cuentan con el apoyo de “los colegios de procuradores y de graduados sociales, que somos los profesionales a los que más afecta la huelga de la administración de justicia”, por lo que agradecen el apoyo con el que están contando. Y es que “estamos pagando el pato, porque no se pueden celebrar los juicios señalados y pendientes, afectando a nuestros clientes”.
“Desafortunadamente, desde que tenemos uso de razón, tenemos constancia de la crisis de la justicia, como si fuera consustancial al servicio”. Justicia que “no ha parecido importar suficiente, independientemente del color de los gobiernos centrales o autonómicos”.
Por eso hasta el momento, lamenta que no se haya dado la modernización o actualización del sistema, como sí ha ocurrido con otros servicios, como el de la educación.
“Nadie implementa los servicios de justicia, aunque sea patente para todos que es necesario”, explica, siendo necesario “que sea más rápido, más seguro y con más recursos materiales y humanos, que garanticen la calidad del mismo”.
Es más, Marina Alcántara asegura que “desde 2020 con la pandemia, la justicia no solo ha sido la administración más paralizada, sino una de las que más ha tardado en recuperar su normalidad”, y como consecuencia “hemos sabido que hay juicios previstos más allá de 2025”, siendo una aberración. “Todavía no nos habíamos recuperado de todo esto, cuando ha irrumpido la huelga de los letrados de la administración, congelando las actividades durante meses; el conato de huelga de jueces; a lo que se suma la de los funcionarios”. Todo ello provoca o mantiene “la paralización de la administración de justicia y que por tanto no se cumpla con los servicios mínimos, y sin visos de solución”.
