El PSOE local ha salido hoy al paso de la demanda por 16.6 millones de euros que los gestores de los fondos europeos han interpuesto a Impulsa El Puerto y al Ayuntamiento por presuntas irregularidades y boicot llevado a cabo por el ex alcalde y ex presidente de Impulsa El Puerto, David de la Encina, durante el anterior mandato tripartito PSOE-IU-Levantemos.



Según De la Encina, “la responsabilidad de la fallida operación de los parkings corresponde al Partido Popular de El Puerto”. Y esto es así porque “la operación para la construcción de dos parkings, uno en Plaza de Toros y otro en Pozos Dulces, se firmó con el gobierno del PP en 2009, con la previsión de que hubieran estado terminados en mayo de 2015”, siendo en junio de 2015 cuando David de la Encina llegó a la Alcaldía.

Se pregunta De la Encina: “¿Cómo puede tener responsabilidad en esa situación de los parkings? ¿En no haber avanzado los parkings el PSOE, Izquierda Unida o Levantemos cuando no gobernábamos?".

Finalmente, a juicio de De la Encina, “la cronología objetiva no arroja duda alguna de que no cabe de ninguna manera responsabilizar del fiasco de los parkings al PSOE. Solamente es responsable de los parkings el PP”.

La demanda apunta claramente a De la Encina

Los demandantes, sin embargo, aseguran en su detallada y extensa demanda -a la que ha tenido acceso El Puerto Actualidad- que si bien hubo retraso en la licencia inicial de las obras como argumenta David de la Encina, éste retraso fue motivado por la fuerte presión social llevada a cabo por distintas plataformas como la de "No a los Parkings", y que dicho retraso no tuvo perjuicio económico alguno para el proyecto de los parkings, siendo simples prórrogas las que se aplicaron conforme al contrato.

Resultando, por tanto según los demandantes gestores de los fondos europeos, que el verdadero perjuicio económico no fue causado por el retraso inicial en la concesión de la licencia por parte del PP de Alfonso Candón, sino por las posteriores actuaciones del tripartito de David de la Encina al llegar al poder en 2015 y tratar presuntamente de boicotear el proyecto.

Igualmente, en la demanda los denunciantes cargan contra la forma en la que el gobierno actual de Germán Beardo incautó el aval de casi 500.000 euros para restituir Pozos Dulces al estado anterior, aunque reconociendo que se hizo dentro de la legalidad. Estando el grueso de la demanda centrada en el presunto boicot e irregularidades de David de la Encina en su mandato anterior contra los parkings, que es lo que provoca finalmente la demanda por casi 17 millones de euros una vez se hizo inviable terminar el proyecto boicoteado, y se haya restituido ya Pozos Dulces.

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