Print Friendly, PDF & Email

Un año más, y de nuevo la misma historia, la plantilla de trabajadores del servicio de limpieza y recogida de basuras vuelve a amenazar con irse a la huelga. Esta vez la fecha elegida, el próximo 24 de febrero.

Al igual que el año pasado, cuya huelga quedó en nada, el motivo principal argumentado (más allá de la falta de vehículos) se basa en que FCC –empresa contratada por el Ayuntamiento– no estaría cumpliendo el convenio colectivo para la contratación de trabajadores eventuales.

Hay que recordar que este convenio, con más de 35 años a sus espaldas, permite a la plantilla elegir libremente y mediante una lista el 50% de las contrataciones, normalmente entre personas de su propio entorno, dejando el otro 50% a elección de la empresa.



FCC, encargada del servicio decidió en 2020 acabar con este polémico convenio y ejercer lo que considera su derecho como empresa privada a elegir el 100% de las contrataciones, desatándose entonces las quejas de la plantilla.

Desde entonces los amagos y amenazas de huelga se han venido sucediendo, así como la ronda de contactos con los partidos de la oposición en busca de presionar al Ayuntamiento para que medie, y a la empresa para que ceda. Todo ello, con los portuenses como los máximos damnificados si finalmente se llegara a dar una huelga de basuras en la ciudad por mantener este privilegio a la plantilla.

Encuentro entre comité de empresa y Unión Portuense.

Por su parte, el comité de empresa no ha perdido el tiempo, y ya ha mantenido un primer encuentro con la oposición, comenzando este mismo miércoles con Unión Portuense, y en próximos días con PSOE e IU.

En este contexto UP ha instado al Gobierno local a que se reúna no solo con la empresa sino también con los representantes de los trabajadores y que, además, cuenten con el resto de grupos político para poder encontrar entre todos, una solución. Entendiendo que “aunque es un conflicto entre empresa y trabajadores, los damnificados somos todos los portuenses y hablamos de un servicio municipal que debería estar fiscalizado y bien controlado por el Ayuntamiento. Mirar hacia otro lado no puede ser una opción”.