El colectivo de trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio ha trasladado sus quejas a Unión Portuense en un encuentro mantenido esta semana. Pese a que el contrato fue adjudicado el pasado año a una nueva empresa con promesas de mejora, denuncian que en la práctica se están produciendo incumplimientos graves que afectan tanto a sus condiciones laborales como a la atención que reciben las personas usuarias.
Entre las principales quejas se encuentra la reducción salarial, con una media de 70 euros menos al mes para una treintena de empleadas, llegando en algunos casos a pérdidas acumuladas de hasta 4.000 euros. Además, determinados pluses han dejado de reconocerse o han sido modificados, alterando su cálculo y aplicación.
Otro de los puntos señalados es la ausencia de los cursos de formación prometidos, imprescindibles para mantener la calidad asistencial. También se denuncia que la antigüedad no se respeta en los turnos, que en ocasiones no se garantiza el descanso mínimo de 48 horas, que no siempre se presenta a la familia ni se informa sobre la persona a atender al inicio de un servicio, y que se ponen trabas para el disfrute de vacaciones.
“Algunas trabajadoras están cobrando menos y no se están cumpliendo otras condiciones”, denunció Paco Belaustegui, concejal de Unión Portuense, recordando que el pliego de condiciones obliga a la empresa adjudicataria a cumplir lo pactado. “El Gobierno de Germán Beardo tiene la obligación de asegurar que quienes prestan cuidados esenciales trabajen con derechos reconocidos. De no actuar, dejaría desamparadas a estas profesionales”, añadió.
Unión Portuense ha anunciado que presentará en el próximo pleno municipal una moción para exigir al gobierno local que adopte medidas y garantice que la empresa adjudicataria solucione los incumplimientos detectados, asegurando así un servicio digno tanto para las trabajadoras como para las personas mayores y sus familias.
