Sin acuerdo. La primera reunión mantenida entre el Ministerio de Justicia y las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) tras un mes de tira y afloja, acabó sin acuerdo para desconvocar la huelga indefinida que comenzó el pasado 24 de enero en el sector.
El conflicto viene de lejos y se centra en dos reclamaciones fundamentales. En cuestiones retributivas, los letrados piden una adecuación salarial que se corresponda con las funciones y responsabilidades que han ido asumiendo el colectivo desde la creación del modelo de oficina judicial. "Desde 2009 nos dieron 600 funciones que eran de los jueces y posteriormente, en 2015, otras 300, es decir, 900. Entonces nos dijeron que no lo retribuirían cuando la situación económica lo permitiera. Han pasado trece años y nunca lo han hecho".
Y por otro lado, explican que también el Ministerio se había comprometido a implementarles una cláusula de enganche, es decir, lo mismo que tienen los fiscales que cobran como los jueces. “Somos un cuerpo superior, licenciados en Derecho y con una oposición similar a la de los jueces”, recuerdan.
En este contexto, y sin acuerdo hasta el momento, el paro ha supuesto en la provincia de Cádiz la suspensión de más de 800 vistas, la paralización de 2.800 actuaciones judiciales y el bloqueo de millones de euros, según cálculos de los convocantes.
Los LAJ asistentes a la asamblea celebrada en El Puerto de Santa María este viernes han acordado mantenerse en huelga y rechazar la actuación del Ministerio de Justicia, "actuación realmente no negociadora", así como las declaraciones del representante ministerial ante los medios "por no ajustarse a la realidad".
El portavoz del comité de huelga, Juan José Yáñez, asegura que “el Ministerio no tuvo intención de llegar a entendimiento, solo exigieron reiteradamente que acabara la huelga. Nosotros nos presentamos con documentación, con números y propuestas, y mentalidad abierta, pero el Ministerio no trajo nada, solo la petición de desconvocatoria: ha decidido tomar de rehén a todos los ciudadanos españoles”, lamentaba.
