Ángel Quintana.- Aunque no es la única expresión de la acción política municipal, el presupuesto, contiene las intenciones formales de Equipo de Gobierno para la ciudad. Podemos identificarlo como el instrumento que, ejercicio tras ejercicio fiscal, representa el ADN político de los gobernantes municipales.
Es un documento que recoge la previsión de gastos e ingresos que se presupone se realizarán durante un año (del 1 de enero al 31 de diciembre). En el presupuesto es donde se traducen las prioridades del gobierno al establecer en qué se gasta, en qué cantidad y cómo se financia ese gasto (ingresos).
Se regulan a través La ley reguladora de las Bases del Régimen Local 7/1985, desarrollada por Ley 39/1988 Reguladora de las Haciendas Locales, y reformada por la Ley 2/2003 donde establecen las premisas fundamentales de la normativa presupuestaria local.
Como en cualquier familia, institución o empresa, el presupuesto constituye el eje vertebrador del funcionamiento presente y futuro de la misma, una guía económica que permite planificar, entre otros muchos aspectos, la salud financiera de tu organización, el nivel de endeudamiento y las posibilidades reales de cubrir gastos e inversiones necesarias.
Dejando a un lado el capítulo de ingresos que, dependiendo de la coyuntura económica y de las transferencias de otras administraciones, más o menos se puede mantener estable o previsible año tras año; el otro gran pilar de un presupuesto municipal, los gastos, suelen variar según las necesidades que surgen en la ciudad, la subida de los índices macroeconómicos como, por ejemplo, el IPC o el aumento los recursos para el funcionamiento adecuado del ayuntamiento.
Por hacer un poco de pedagogía para alcanzar a ver la importancia de elaborar unos presupuestos en tiempo y forma, indicaremos que los gastos se dividen en corrientes, de capital o financieros. Estos contienen varios capítulos: gastos de personal (retribuciones, indemnizaciones, cotizaciones y planes de pensiones para todo el personal contratado), gastos corrientes y servicios (suministros, materiales y gastos de servicios o trabajos realizados por empresas ajenas contratadas), pago de intereses derivados de operaciones financieras, transferencias corrientes (aportaciones a otras entidades o administraciones para financiar operaciones, inversiones reales (creación de nuevos equipamientos o infraestructuras y adquisición de bienes inventariables), transferencias de capital (pago de créditos para financiar operaciones de inversiones reales, activos financieros (adquisición de activos financieros para la constitución de depósitos y fianzas exigidos) y los pasivos financieros (pago de deuda).
Todos estos capítulos afectan a la calidad de vida de la ciudadanía portuense, algunos directa y otros más indirectamente.
El último presupuesto municipal aprobado en la ciudad de El Puerto fue el del ejercicio 2018. No sé si os acordáis cómo estaba el coste de la vida por aquella fecha. Seguro que más de un ciudadano que lea estas líneas pensará que ha perdido poder adquisitivo en un contexto de alza de los precios que no se veía desde hacía años. El ayuntamiento también ha visto como se encarece la vida: los precios de los suministros, de los costes del mantenimiento urbano, de sus grandes contratos de servicio público o el salario de sus trabajadores.
Encapsulados económicamente hace ya cuatro largos años, con unos presupuestos acordes al coste de la vida de la anterior década, el Ayuntamiento hace agua por varias vías. Se desangra en gran parte por las heridas que subyacen de no tener autonomía económica debido a un presupuesto prorrogado y a un plan de ajuste económico que no han tenido la intención política o capacidad de derogar.
Estamos viviendo una parálisis económica del consistorio sin precedentes en la historia de la democracia en nuestra ciudad, una pérdida a raudales de oportunidades reales de crecimiento, de inversiones necesarias e inaplazables, metiéndonos, cada vez más, en una dinámica de supervivencia financiera muy peligrosa.
Cada vez que se requiere un nuevo gasto hay que pasar por todo un calvario de modificaciones de créditos, una burocracia interminable que alarga los plazos de forma insostenible.
Estamos ante unos presupuestos “Frankenstein” estirados de forma artificial por la incompetencia real de un Alcalde, Germán Beardo, que si fuese directivo de cualquier empresa privada en nuestro país ya estaría de patitas en la calle.
