La visita al colegio de Las Carmelitas. / EA
El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, y la concejala de Educación, Lola Campos, han visitado este jueves el colegio portuense de Las Carmelitas como muestra de apoyo a la escuela concertada ante la conocida como ley Celaá que se vota hoy jueves en el Congreso de los Diputados. El equipo de gobierno ha incidido en la necesidad de “defender a ultranza” el derecho de las familias a elegir libremente el tipo de educación que quieren para sus hijos.
Tanto Germán Beardo como Lola Campos han mostrado al equipo docente del centro educativo de Las Carmelitas su rechazo a la citada Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) porque “nace sin que exista consenso alguno con la comunidad educativa y se basa en el hostigamiento a la escuela concertada y en el recorte de libertades de las familias”. Ambos responsables municipales han puesto el acento en que esta ley elimina de raíz el derecho de las familias más vulnerables a elegir la educación que quieren para sus hijos, así como el de las familias con hijos con necesidades especiales. “Estamos absolutamente en contra de una ley que nace para acabar con los centros concertados y con los centros de educación especial”, han aseverado.
Igualmente, insisten en denunciar que esta Ley elimina cualquier posibilidad de los profesores de exigir y premiar el esfuerzo, ya que permite que un alumno pueda pasar de curso sin haber aprobado o estudiado la asignatura. Por tanto, señala Germán Beardo “se está fomentando la ley del mínimo esfuerzo, deslegitimizando la autoridad de los profesionales y educadores que se ven desvalidos y totalmente abandonados”.
Beardo afirma además que la aplicación de esta ley pondría en riesgo “un sistema educativo que siempre ha funcionado perfectamente en la ciudad, con la convivencia de centros privados, públicos, concertados y de educación especial”. Por su parte, Lola Campos, ha reforzado este mensaje de respeto y convivencia de los diferentes modelos educativos señalando que en El Puerto existen un total de 7 centros educativos concertados y 1 de educación especial que siempre han coexistido con la escuela pública sin que ello suponga problema alguno.
Tanto el alcalde de El Puerto como la concejal de Educación denuncian que cualquier reforma educativa necesita del mayor consenso posible tanto político como social y por supuesto debe contar con el respaldo de los profesionales de la Educación, porque su aplicación puede poner en jaque el futuro de las generaciones que liderarán el país en los próximos años.
En su visita, el equipo de Gobierno ha sido rotundo al afirmar que desde sus respectivos partidos políticos (PP y Cs) se llevará al Tribunal Constitucional la reforma educativa en el caso de que se apruebe “ya que vulnera un derecho fundamental de todos los españoles a elegir la educación que quieren darles a sus hijos, y con especial agravio a los progenitores cuyos hijos tienen necesidades educativas especiales”.