La Junta de Andalucía quiere determinar con mayor precisión el alcance del Covid-19, la enfermedad que causa el coronavirus. Con este fin, prevé realizar unos 100.000 test semanales durante las próximas seis semanas y «en la medida en que vayan llegando» los 800.000 análisis adquiridos recientemente por la Administración autonómica.

Éste es el plan con el que trabaja el Gobierno andaluz, según ha anunciado este martes el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, en una comparecencia telemática realizada tras presidir la reunión del comité de seguimiento de la crisis sanitaria a la que han asistido, de forma presencial o telemática, los portavoces de los grupos parlamentarios, la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, y la secretaria general de Relaciones con el Parlamento, Elena Sumariva.

Marín ha señalado que «hacen falta test de garantías» para aplicarlos de forma «masiva» entre la población y que «den seguridad porque si no, no estaremos haciendo bien el trabajo». A preguntas de los periodistas sobre la falta de test de detección en Andalucía en relación con otras comunidades, ha defendido que «hemos hecho test a toda la población diana». Siguiendo «un protocolo establecido desde el SAS que creemos el óptimo», ha detallado que se han realizado las referidas pruebas a más de 43.000 ancianos que viven en residencias de mayores, a más de 21.000 trabajadores de estos centros y unos 100.000 profesionales entre sanitarios y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.




La Junta de Andalucía quiere determinar con mayor precisión el alcance del Covid-19, la enfermedad que causa el coronavirus. Con este fin, prevé realizar unos 100.000 test semanales durante las próximas seis semanas y «en la medida en que vayan llegando» los 800.000 análisis adquiridos recientemente por la Administración autonómica.

Éste es el plan con el que trabaja el Gobierno andaluz, según ha anunciado este martes el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, en una comparecencia telemática realizada tras presidir la reunión del comité de seguimiento de la crisis sanitaria a la que han asistido, de forma presencial o telemática, los portavoces de los grupos parlamentarios, la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, y la secretaria general de Relaciones con el Parlamento, Elena Sumariva.

Marín ha señalado que «hacen falta test de garantías» para aplicarlos de forma «masiva» entre la población y que «den seguridad porque si no, no estaremos haciendo bien el trabajo». A preguntas de los periodistas sobre la falta de test de detección en Andalucía en relación con otras comunidades, ha defendido que «hemos hecho test a toda la población diana». Siguiendo «un protocolo establecido desde el SAS que creemos el óptimo», ha detallado que se han realizado las referidas pruebas a más de 43.000 ancianos que viven en residencias de mayores, a más de 21.000 trabajadores de estos centros y unos 100.000 profesionales entre sanitarios y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

El «número dos» del Gobierno andaluz ha reconocido que existe «un problema de abastecimiento» de estos test, entre otras razones porque «los que nos envió el Gobierno de España tienen unas sensibilidades muy por debajo de los adquiridos por la Consejería de Salud», de forma que «la fiabilidad de unos y de otros dista mucho».

Desde la Junta reclaman al Gobierno el envío de «test que nos permitan esa diferenciación entre enfermos sintomáticos y asintomáticos», así como que posibiliten «conocer y saber de dónde procede el contagio, a cuántos puede contagiar una persona, y a cuántos podemos desviarlo al sistema sanitario de una forma o de otra». En el caso de Andalucía, ha indicado que el protocolo establece que «hasta que no se hace un segunda segunda prueba PCR no damos el alta».

Las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) tratan de localizar el material genético del virus en muestras de pacientes y son más fiables que los test rápidos. La Junta de Andalucía está fabricando sus propias pruebas PCR que se suman a los test adquiridos en el mercado internacional.

Marín también ha trasladado a los representantes de los distintos grupos políticos que se ha reclamado al Ministerio de Sanidad «un robot PCR», de similares características a los dos que ha enviado ya a la Comunidad de Madrid y otros tantos a Cataluña. Ha solicitado estos recursos para «acelerar los análisis», ha advertido.

Por otro lado, el vicepresidente de la Junta ha manifestado una «gran preocupación por los profesionales que usaron las mascarillas defectuosas» enviadas por Sanidad, en torno a 10.400 unidades que fueron retiradas tras la advertencia del Ministerio. Además, ha criticado la forma de computar los nuevos casos positivos que tiene el Ministerio de Sanidad en sus registros de evolución de la pandemia. En este sentido, ha dicho que es partidario de que se contabilicen los PCR y test rápidos y «no sólo una parte de los mismos», ya que el Estado no incluye los datos obtenidos por estos últimos.

«Falta de respeto» del Estado en la «desescalada»

El Gobierno andaluz ha lamentado que se vaya a enterar del plan de desconfinamiento del Gobierno central a través de una «rueda de prensa» del presidente, Pedro Sánchez, y ha considerado que se debería trata de una forma «más respetuosa» a las comunidades autónomas.

En la rueda de prensa, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha informado a los grupos de las propuestas para la desescalada que el Gobierno andaluz trasladó ayer al Ejecutivo nacional, medidas «muy sensatas» en todos los ámbitos, no sólo para controlar la pandemia, sino también para estar preparados si hay un rebrote del coronavirus en el futuro, como podría ser en los meses de octubre y noviembre, contando con todos los medios necesarios.

El vicepresidente ha expresado su «temor» de que el Ejecutivo nacional no vaya a atender esas sugerencias de Andalucía, entre otros motivos, porque apenas ha tenido una «tarde» para estudiar las propuestas que le han trasladado las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas.