En el parque Calderón.
Víctor Peña (Tribuna libre).- En los últimos días un debate se ha abierto al calor del anuncio de huelga de los trabajadores del servicio municipal de limpieza, gestionado por la empresa concesionaria, el famoso grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Más adelante hablaremos de este grupo empresarial. Por lo pronto, no deja de ser sorprendente cómo un alcalde socialista, que lleva en las siglas de su partido el apelativo “obrero”, en sus declaraciones no haga referencia a ellos sino a los “portuenses, empresarios y visitantes”, remitiéndose a valorar un “conflicto que es cien por cien privado”.
¿De qué manera un servicio municipal, pese a hallarse subcontratado, puede albergar un conflicto absolutamente particular? Es, en primer lugar, un conflicto que afecta a todo el conjunto de los portuenses: una empresa que no garantiza un servicio municipal de limpieza óptimo, ¿de qué manera puede obtener y mantener tales concesiones? Más aún, ¿cómo puede garantizar un servicio público, que implica la higiene de toda una ciudad y sus habitantes, sino es capaz de garantizar condiciones laborales dignas para su plantilla de trabajadores?
Se trata de unas reivindicaciones justas: volver a las condiciones de trabajo anteriores al impacto terrible que generó la crisis. Debemos recordar que los trabajadores de limpieza subcontratados por FCC aceptaron un empeoramiento de sus condiciones laborales para evitar una reducción de plantilla de 70 puestos de trabajo. Estamos hablando de una plantilla ya de por sí disminuida que, en grandes eventos como la Motorada, o en la afluencia veraniega necesita evidentemente verse reforzada. Debemos recordar que el convenio no se actualiza desde 2008, que el salario de los trabajadores subcontratados por FCC se ha visto congelado desde 2012 y su poder adquisitivo se ha visto reducido, y por ello ven necesario vincular una subida salarial a la subida del IPC, algo que sería posible si se acordase en pleno municipal para incorporarlo al próximo pliego.
En estos momentos se está negociando el nuevo convenio colectivo que, como acabamos de decir, con voluntad política por parte de nuestro solitario alcalde podría salir adelante. ¿Por qué se produce la huelga? Porque la empresa concesionaria, FCC, se niega a aceptar las principales reivindicaciones de los trabajadores. Pero, ¿saben los portuenses quién es FCC? Se trata de uno de los mayores grupos empresariales de construcción y servicios de Europa; tanto es así que hasta el verano de 2016 cotizaba en el IBEX35, hasta que su principal accionista Carlos Slim provocó una OPA. A pesar de ello, el verano pasado volvió al índice Ibex Medium Cap, la antesala del IBEX35, y es que se trata de una empresa con un capital bursátil de más de 4.100 millones de euros y que ha hecho de su expansión en el extranjero su principal enseña. Actualmente es uno de los cuatro principales grupos que, a través de prácticas oligopólicas, se reparten el negocio de las contratas de limpieza. Fue precisamente debido a este tipo de prácticas por las cuales la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia multó con 72 millones a estas cuatro empresas, entre las que se encontraba FCC.
¿Es la huelga deseable en un momento como este? Es evidente que no. Las huelgas son recursos de fuerza ante la imposibilidad de una negociación simétrica, sin imposiciones. La incapacidad de ceder de FCC en las negociaciones del nuevo convenio es la primera imposición. ¿Quiénes se ven afectados por esta huelga? En primer lugar todos los portuenses, víctimas de un conflicto público entre una empresa subcontratada por el Ayuntamiento incapaz de hacer sus deberes para con la ciudad y para con su plantilla y un Ayuntamiento incapaz de arbitrar en el conflicto. En segundo lugar, el propio Ayuntamiento, ya que el contrato con FCC se ha cumplido escrupulosamente, incluso ampliando la flota de vehículos de limpieza, como ocurrió este pasado verano. En tercer lugar, los trabajadores: son ellos quienes más sufren con la huelga, ya que no percibirán salario, tendrán que ofrecer servicios mínimos (con lo que el impacto de su huelga se verá mermado) y saben que una parte de la población se opondrá a la medida. No les queda otra alternativa.
Pero hay esperanza. Como hemos dicho, la subida salarial, un gran obstáculo a la hora de negociar el convenio, puede obtener una salida política si el alcalde contase con la voluntad necesaria para llegar a ese acuerdo en pleno. Pero no es la única prueba: en junio de 2018 los habitantes de Badajoz se enfrentaron a un conflicto similar, y tras tres días de huelga, la empresa llegó a un acuerdo con los trabajadores por el cual aceptaba sus principales reivindicaciones. ¿Es necesario llegar a afrontar tres días de huelga para que la empresa ceda? El contrato con FCC se firmó en 2017 por tres años, con una prórroga opcional de dos años más. En el horizonte de la próxima legislatura se vislumbran dos opciones: la continuación de esta inestabilidad para todos o la remunicipalización que ponga orden en la limpieza de El Puerto. Otras ciudades como Cádiz han remunicipalizado determinados servicios. Es posible. FCC debe ceder para que El Puerto de Santa María pueda rentabilizar la Motorada y otros eventos.
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Sobre el autor: Víctor Peña es investigador predoctoral contratado por la Universidad de Cádiz y candidato número 11 en la lista de Adelante El Puerto para las próximas elecciones municipales, formada por la confluencia de Podemos e Izquierda Unida en la ciudad.
