“En derecho, dos más dos no siempre son cuatro”

Leocadia Benavente Lara.

Leocadia Benavente Lara.

Leocadia Benavente Lara (Tribuna libre).- Ante los comentarios que sin fundamento se están realizando por la nulidad declarada en el proceso selectivo para acceder a dieciséis plazas del consistorio, como concejal que fui durante el desarrollo de esa prueba quiero realizar algunas consideraciones.

Los tres principios que constitucionalmente garantizan el acceso a la función pública son los de Igualdad, Mérito y Capacidad (artículo 103 CE). Y en base a su consecución, el Estatuto Básico del Empleado Público determinó en 2.007 que los cargos políticos no podían participar en los procesos de selección para acceder a la función pública.

Según el Artículo 60.2 del EBEP, «El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección».

El común de la ciudadanía puede desconocer que desde la aprobación de la Ley 7/2.007 los cargos políticos no pueden pertenecer a un tribunal seleccionador, ni puede influir de modo alguno, pero quien gestiona o ha gestionado lo público no puede desconocerlo. Si no lo sabe, no tiene formación para opinar de este tema, y si lo sabe, entonces la oculta intencionadamente para obtener un minuto de atención.

También debería saber quien opine, que los miembros que formen parte del tribunal tienen que tener al menos la titulación del puesto para el que los candidatos se examinan. Otra de las garantías es que en la redacción del examen no interviene el cargo político, sino que lo redactan los miembros del tribunal, asesorados por la Secretaría Municipal, que cuenta con el mayor nivel en la escala de los funcionarios, nivel 30.

Todo esto lo digo, para que se entienda que si una sentencia ha tumbado una prueba selectiva, el concejal del momento, en este caso yo, no pudo influir ni para lo bueno ni para lo malo, porque carecía de competencias para ello. Si al corregir la prueba de informática, y ante la avalancha de reclamaciones a la corrección realizada, los miembros del tribunal decidieron realizar una interpretación integradora, fue responsabilidad únicamente de ese tribunal, que como tal gobierna ese proceso selectivo.

Dicho esto, diré que las personas que adoptaron el criterio de interpretar de manera integrada la prueba, lo hicieron seguro con la mejor de las intenciones, para salvar el proceso selectivo, y en ningún caso para beneficiar a unos u otros. Los miembros del Tribunal se pudieron confundir, pero actuaron de buena fe y asesorados por la secretaría municipal. Por ello, además de mandar mi apoyo a los trabajadores afectados, que han vivido durante este tiempo la incertidumbre del proceso judicial, quiero mandar mi afecto a las personas que forman la Concejalía de Personal, porque seguro que lo estarán pasando mal con las consecuencias de la nulidad declarada.

En derecho, dos más dos no siempre son cuatro.

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