Diego Muñoz, condenado a 8 años de inhabilitación por prevaricación

Diego Muñoz durante el desayuno informativo con la prensa este viernes.

Diego Muñoz durante una rueda de prensa en 2014. / P.P.M.

EL PUERTO.- El Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz ha condenado a Diego Muñoz, ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de El Puerto en la anterior legislatura, tras paralizar órdenes de derribo de viviendas ilegales así como la imposición de multas disciplinarias durante el ejercicio de su cargo como edil. En concreto, el magistrado titular Juan Sebastián Coloma lo ha condenado por un delito continuado de prevaricación administrativa por omisión.

La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz, da por probado que el que fuera responsable de Urbanismo en El Puerto de junio de 2011 a noviembre de 2013 (fecha en la que dimitió) tenía asignadas entre sus competencias resolver aquellos expedientes en materia de disciplina urbanística en los que se decretaban sanciones y medidas de restablecimiento de la legalidad en el marco de la LOUA.



A pesar de ello, la sentencia recuerda hasta cuatro expedientes en los que no ocurrió así: uno sobre una construcción ilegal en un unifamiliar en la zona de Los Almendros; otro referente a una edificación irregular en la carretera de Sanlúcar (en el kilómetro 5); un tercer documento relativo a una parcelación ilegal de un terreno de 4.400 metros cuadrados en la carretera del Canal, junto al Pago Machete; y un último expediente seguido contra la Asociación de Vecinos Buenavista por el comienzo de una edificación y la ejecución de un cerramiento en la calle Laguna.

El juez considera acreditado que el ex concejal del PP, Diego Muñoz, no firmó “deliberadamente” los decretos en los que se acordaba la demolición de las obras realizadas, “bloqueando así los expedientes y manteniendo la situación antijurídica que los mismos pretendían solventar”.

Tras la celebración de la vista oral el juez considera que el acusado “por la causa que fuese pero que, en todo caso era ajena al procedimiento jurídico que ha de regir los expedientes, se abstuvo deliberadamente de firmar las cuatro resoluciones objeto de esta causa, a sabiendas de que con ello dejaba paralizados dichos procedimientos”.

Según recuerda la resolución judicial, la defensa de Muñoz alegó que a éste no le pasaron a la firma dichos expedientes y que por ello no pudo rubricarlas. Según su teoría, existió una conspiración contra él para echarlo de la concejalía a favor de otra edil del PP (Leocadia Benavente) y con tal fin varias personas se pusieron de acuerdo para ‘hacerle el vacío’.

Su defensa el ex popular alegó que no le pasaron los expedientes para que los firmara porque había una conspiración contra él. Sin embargo, para el juez, esta tesis “se cae por su propio peso porque existe una contundente, clara y coherente prueba testifical que avala que en efecto esos documentos se pasaron a la firma del teniente alcalde y que no los firmó, ni en una primera ni en una segunda ocasión, ni tampoco cuando se le pidieron explicaciones de por qué no lo hacía”. Y continúa: “no es en absoluto creíble, no sólo por rebuscada, bizarra y que requeriría en los implicados una crueldad insólita cuando la enemistad misma (que se supone que tenían algunos de estos referidos contra él) se basaría en hechos de una escasa relevancia, sino porque además existen una serie de pruebas que no se explican por esa teoría”.

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