Ecologistas reiteran la permisibilidad municipal con las construcciones ilegales entre 2008 y 2012

El alcalde Enrique Moresco junto a Diego Muñoz.

El ex alcalde Enrique Moresco junto al ex concejal de Urbanismo Diego Muñoz en una rueda de prensa en 2013.

EL PUERTO.- Ecologistas en Acción El Puerto, a través de un comunicado, se hace eco del anuncio de que el Juzgado Número 2 El Puerto ha archivado la denuncia de Ecologistas en Acción del año 2012 contra el ex alcalde portuense, Enrique Moresco, y la que fue su concejala de Urbanismo, Patricia Ybarra, eximiendo de responsabilidad a los ex mandatarios municipales a quienes los ecologistas pidieron que se investigara por posibles responsabilidades penales por supuesta pasividad a la hora de luchar contra la construcción de viviendas ilegales.

 

Ecologistas en Acción de El Puerto en el año 2012 y después de tener la certeza de la paralización de numerosos expedientes de protección de la legalidad urbanística así como de la falta de actuación contra el urbanismo ilegal sobre todo en zonas de especial protección a pesar de nuestras denuncias y advertencias, puso en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente una serie de hechos documentados por si fueran constitutivos de infracción penal.

Es la Fiscalía quien a resultas de las investigaciones previas realizadas e interpretando que existían indicios delictivos, decide interponer denuncia ante el juzgado de instrucción contra  responsables políticos y técnicos del ayuntamiento.

Recientemente el Juzgado ha procedido al sobreseimiento provisional y archivo de la causa respecto de dos de los responsables políticos encausados y la continuación del procedimiento respecto al resto denegando el archivo solicitado e interpretando que existen indicios delictivos de los hechos de los que pudieran ser responsables lo encausados.

Tanto la imputación, el archivo así como la posible condena penal si se produce, lo deciden los jueces y desde Ecologistas lo respetamos. No obstante   estamos en nuestro derecho de poner en conocimiento de Fiscalía unos hechos que presumiblemente son delictivos independientemente de quien resulte o no responsable máxime cuando se le ha advertido en numerosas al Ayuntamiento y no se ha actuado.

Las irregularidades urbanísticas que se pusieron en conocimiento de la Fiscalía son ciertas como lo han demostrado las Diligencias de Investigación de la Policía Judicial y las mismas se han llevado a cabo en los años en los que la competencia  sobre el urbanismo la ostentaba Enrique Moresco como alcalde  y  Patricia Ibarra como concejala de urbanismo.  La responsabilidad  no solo es penal sino que existe una responsabilidad moral y política por el perjuicio que se ha ocasionado a la ciudad de El Puerto de Santa María por este urbanismo ilegal descontrolado que ha hipotecado el futuro de nuestra ciudad. Ellos sí que deben de pedir perdón por no haber actuado lo suficiente en su etapa de gobierno contra esta lacra que devora territorio y empobrece el medio ambiente y no la asociación Ecologistas en Acción que lo que ha pretendido es defender un patrimonio de toda la ciudad en beneficio del interés general.

El auto de continuación del procedimiento penal contra dos de los presuntos responsable es muy claro cuando indica que “entre los años 2008 y 2012 se efectuaron en El Puerto de Santa María construcciones en terrenos no urbanizables y/o uso agrario que determinó que se iniciaran expedientes administrativos por el ayuntamiento por infracción de la legalidad urbanística en la zona donde se llevaron a cabo las construcciones; expedientes que una vez iniciados, finalizaron sin dar cumplimiento a lo resuelto por ausencia de notificación, por inactividad y/o por la omisión de la firma o instrucción al respecto para poder ejecutar lo resuelto.

En otros casos ni siquiera se incoaron expedientes a pesar de contar con informes acreditativos de la ilegalidad y si se inician, no se realiza comprobación alguna de las irregularidades urbanísticas omitiendo incluso actividades inspectoras respecto a construcciones realizadas en zonas de especial protección natural como consta en la instrucción, conductas observadas por parte de los responsables municipales, permitiendo con sus actuaciones la continuación de la ilegalidad, es decir, una lesión de un derecho o del interés colectivo”.

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